Pizarros, Zaplanas... y Taguas

Esta semana el gobierno ha conseguido evitar en el Congreso la reprobación del nombramiento de David Taguas como presidente de SEOPAN, principal lobby dedicado a promover y defender los intereses de las mayores empresas constructoras españolas, como Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr Vallehermoso (7,1 % del PIB).
Lo gracioso es que este señor había sido anteriormente nada más y nada menos que el director de la Oficina Económica de la Moncloa y, por tanto, uno de los principales asesores del Presidente del Gobierno en materia económica. Es de suponer que alguna influencia tuvieron sus decisiones en el sector de la construcción.
La ley de incompatibilidades del personal de la Administración Pública impide a altos cargos desempeñar en los dos años siguientes a su cese actividades privadas "que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento donde estuviera destinado" (ver aquí).
Sin embargo, esta incompatibilidad no se presentaría si la asociación en cuestión a la que se incorpora el alto cargo no tiene "animo de lucro". Éste ha sido uno de los principales argumentos esgrimidos por el Gobierno, pues según la Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, "una asociación [como SEOPAN] no debe interpretarse de la misma forma que una empresa".
Por otro lado, a Elisenda Malaret (PSOE) le resulta "inaudito" que el parlamento trate de controlar con esta reprobación a la "sociedad civil". También la ministra Salgado debe de pensar que los grupos de poder y sus intereses pertenecen a la misma sociedad civil, al negar que "SEOPAN pueda ser considerada un grupo de presión que defiende intereses contrapuestos a los generales" o al sostener que "las asociaciones de empresas son parte activa de la sociedad y contribuyen al crecimiento económico" (ver aquí).
Es un disparate pensar que la actividad política desarrollada por Taguas desde la Moncloa no tenía nada que ver con los intereses económicos del sector de la construcción. Tan activa ha sido su influencia a este respecto en la pasada legislatura que parece difícil no ver los 300.000 euros anuales que cobrará de SEOPAN como un merecido premio por los servicios prestados. Desde la Oficina Económica, Taguas declaraba sus buenas intenciones en relación con las grandes constructoras: "El Gobierno es buen conocedor de las preocupaciones de la construcción y le seguirá escuchando y apoyando en todo lo posible" (ver aquí). Este ánimo de escucha y apoyo quedó especialmente patente en 2007. Durante este periodo, Taguas y Sebastián presenciaron y apoyaron con el visto bueno de Zapatero la ingente migración de capitales que se produjo desde el sector de la construcción al energético, en plena OPA por Endesa. Esto permitió que las grandes constructoras consiguieran salvar los muebles frente a la incipiente crisis abandonando el barco del boom inmobiliario. Mientras tanto, los ciudadanos (o la sociedad civil) ni siquiera sabíamos que había motivos para saltar del barco, y aquí seguimos.
La ministra Salgado tiene razón al insinuar que a los ciudadanos nos irá muy mal si a las constructoras les va mal. Pero esto no significa en absoluto que a nosotros nos irá bien durante la crisis si a estas empresas les va bien. Identificar sin más los intereses de las grandes empresas con los intereses de los ciudadanos que conformamos la sociedad civil es un argumento más propio del neoliberalismo que de la socialdemocracia: "si a los ricos y poderosos les va bien, todos participaremos de esa riqueza". Al parecer, ya quedaron atrás los discursos de la campaña, en los que el PSOE era el partido de los currantes, donde no cabían ni Pizarros ni Zaplanas.
Posiblemente ello explica que hayamos tenido que escuchar piruetas retóricas como que "una asociación como SEOPAN no debe interpretarse de la misma forma que una empresa". Claro que una asociación de empresas no es lo mismo que una empresa, pero esto no significa que lo que mueve a las empresas a asociarse sea algo distinto al ánimo de lucro. En eso radica justamente la definición de lobby o asociación patronal (ver aquí). Va a resultar al final que para la ministra un lobby es una asociación parecida a una ONG o a un club de nudismo.
La perversión retórica del lenguaje político fue una de las constantes del PP en la pasada legislatura, en relación a temas tan delicados como la legitimidad de los resultados electorales o los atentados de Madrid. Es de esperar que el gobierno no tome el mismo camino y cumpla con la necesaria condición de todo sistema democrático: la obligación de informar sin manipulación retórica sobre una política económica independiente destinada a la sociedad civil y no a los intereses de unos pocos.
(fuente de la ilustración)