La ciencia en España no necesita tijeras

Zapatero tenía ayer la "expectativa cierta" de que seremos "campeones del mundo en el próximo campeonato mundial". Hablaba de fútbol, todos lo sabemos.
Ésta es la agenda política del Presidente del Gobierno, días después de proponer una reducción del 15 % en la inversión en investigación y desarrollo, una de las partidas que sufren un mayor recorte en los nuevos presupuestos del Estado. Porque, en lo que se refiere al desarrollo científico y tecnologíco, España se encuentra a la cola de Europa: la primera de nuestras universidades se encuentra cerca del puesto 200 en el ranking mundial; la inversión española en I+D no ha superado el 1,3 % del PIB, en lo que nos codeamos con Albania, Portugal y Grecia; la producción de patentes por millar de habitantes es, por poner un ejemplo, 52 veces inferior en comparación con un país como Suiza. Siempre nos quedará el fútbol.
Uno de los ejes de la campaña electoral del PSOE en 2004 fue la decidida apuesta por la investigación, como el principal medio a través del cual podía construirse un cambio del modelo productivo, excesivamente basado en la construcción. De este sector económico sólo quedan las ruinas, y ahora toca apretarse el cinturón mediante el ahorro en los gastos públicos.
Pero la ciencia en España no necesita tijeras, si de lo que se trata es de afrontar la crisis. En principio podría pensarse que ahorrar en ciencia y desarrollo tecnológico es lo mismo que ahorrar en cualquier otro sector, especialmente en un país donde el 34 % de los ciudadanos piensa que la ciencia es perjudicial. Pero las bases sobre las que el Gobierno pretende sostener la recuperación económica sólo pueden construirse gracias a la investigación. La productividad de la industria española, de las más bajas de Europa, sólo puede crecer de forma sólida a través del desarrollo tecnológico, y para esto hace falta principalmente una financiación suficiente. Con unos tipos de interés comunes para toda la Unión Europa y una productividad por los suelos, las empresas españolas sólo podrán crecer marcando la diferencia en lo que resta: el salario de los trabajadores. No es de extrañar que, justamente en el peor momento de la crisis, la productividad por hora trabajada en España haya aumentado significativamente: no hay hora de trabajo más productiva para la empresa que aquella que no se le paga al trabajador.
Hace unos días un grupo de directores e investigadores de los Centros de Investigación Biomédica dedicaron una carta abierta al Gobierno y al Ministerio de Ciencia e Innovación. En ella se suplicaba dar marcha atrás en el recorte de I+D. Esto supondría el despido de unos 500 científicos en este sector y la paralización de decenas de proyectos ya abiertos, sobre temas tan importantes como el alzheimer, el parkinson o el cáncer. Con esto no sólo se reduce su financiación, sino que se tira a la basura todo lo invertido en los presupuestos de años anteriores. Si a un proyecto de investigación se le cierra el grifo antes de alcanzar sus resultados, tras años de esforzado trabajo, el dinero empleado no habrá servido para nada; si a un joven científico se le despide después de acabar su tesis doctoral, éste no tendrá más opción que continuar su carrera en un país desarrollado, es decir, en el extranjero. Desde el punto de vista empresarial, el Ministerio de Ciencia e Innovación pueda considerarse como una empresa que se dedica a formar investigadores con el objeto de que otros países se beneficien de los frutos de esta inversión de tiempo y dinero. La ciencia en España no necesita tijeras, bastaría con que el Ministerio de Ciencia e Innovación afrontará la estupidez de sus políticas económicas.
Es cierto que el recorte en I+D tiene un resultado positivo para los ciudadanos. Con ello se pone de manifiesto claramente que el objetivo de la política económica del Gobierno no es salir de la crisis. Nuestra clase política está más que dispuesta a aceptar la normalidad de un desempleo estructural en torno al 20 %, en un país en el que el 34 % de los ciudadanos tiene miedo de la ciencia. El PlanE, ese remedo del necesario e inexistente programa de formación de los desempleados, no permitirá salir de la crisis, ni a corto ni a largo plazo. Pero sí convierte a la clase política en una bienintencionada hacedora de favores, que siempre podrán ser devueltos en forma de votos en las próximas elecciones.

P.D.: Con la presente entrada, este blog participa de la iniciativa emprendida por Javier Peláez en La Aldea Irreductible, para pronunciarse el día 7 de octubre en las redes 2.0 en contra del recorte en I+D de los próximos presupuestos del Estado, bajo el lema "La ciencia en España no necesita tijeras". Por ahora, Google arroja más de 20.000 páginas, de las cuales casi 4000 son blogs.

Pizarros, Zaplanas... y Taguas

Esta semana el gobierno ha conseguido evitar en el Congreso la reprobación del nombramiento de David Taguas como presidente de SEOPAN, principal lobby dedicado a promover y defender los intereses de las mayores empresas constructoras españolas, como Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr Vallehermoso (7,1 % del PIB).
Lo gracioso es que este señor había sido anteriormente nada más y nada menos que el director de la Oficina Económica de la Moncloa y, por tanto, uno de los principales asesores del Presidente del Gobierno en materia económica. Es de suponer que alguna influencia tuvieron sus decisiones en el sector de la construcción.
La ley de incompatibilidades del personal de la Administración Pública impide a altos cargos desempeñar en los dos años siguientes a su cese actividades privadas "que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento donde estuviera destinado" (ver aquí).
Sin embargo, esta incompatibilidad no se presentaría si la asociación en cuestión a la que se incorpora el alto cargo no tiene "animo de lucro". Éste ha sido uno de los principales argumentos esgrimidos por el Gobierno, pues según la Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, "una asociación [como SEOPAN] no debe interpretarse de la misma forma que una empresa".
Por otro lado, a Elisenda Malaret (PSOE) le resulta "inaudito" que el parlamento trate de controlar con esta reprobación a la "sociedad civil". También la ministra Salgado debe de pensar que los grupos de poder y sus intereses pertenecen a la misma sociedad civil, al negar que "SEOPAN pueda ser considerada un grupo de presión que defiende intereses contrapuestos a los generales" o al sostener que "las asociaciones de empresas son parte activa de la sociedad y contribuyen al crecimiento económico" (ver aquí).
Es un disparate pensar que la actividad política desarrollada por Taguas desde la Moncloa no tenía nada que ver con los intereses económicos del sector de la construcción. Tan activa ha sido su influencia a este respecto en la pasada legislatura que parece difícil no ver los 300.000 euros anuales que cobrará de SEOPAN como un merecido premio por los servicios prestados. Desde la Oficina Económica, Taguas declaraba sus buenas intenciones en relación con las grandes constructoras: "El Gobierno es buen conocedor de las preocupaciones de la construcción y le seguirá escuchando y apoyando en todo lo posible" (ver aquí). Este ánimo de escucha y apoyo quedó especialmente patente en 2007. Durante este periodo, Taguas y Sebastián presenciaron y apoyaron con el visto bueno de Zapatero la ingente migración de capitales que se produjo desde el sector de la construcción al energético, en plena OPA por Endesa. Esto permitió que las grandes constructoras consiguieran salvar los muebles frente a la incipiente crisis abandonando el barco del boom inmobiliario. Mientras tanto, los ciudadanos (o la sociedad civil) ni siquiera sabíamos que había motivos para saltar del barco, y aquí seguimos.
La ministra Salgado tiene razón al insinuar que a los ciudadanos nos irá muy mal si a las constructoras les va mal. Pero esto no significa en absoluto que a nosotros nos irá bien durante la crisis si a estas empresas les va bien. Identificar sin más los intereses de las grandes empresas con los intereses de los ciudadanos que conformamos la sociedad civil es un argumento más propio del neoliberalismo que de la socialdemocracia: "si a los ricos y poderosos les va bien, todos participaremos de esa riqueza". Al parecer, ya quedaron atrás los discursos de la campaña, en los que el PSOE era el partido de los currantes, donde no cabían ni Pizarros ni Zaplanas.
Posiblemente ello explica que hayamos tenido que escuchar piruetas retóricas como que "una asociación como SEOPAN no debe interpretarse de la misma forma que una empresa". Claro que una asociación de empresas no es lo mismo que una empresa, pero esto no significa que lo que mueve a las empresas a asociarse sea algo distinto al ánimo de lucro. En eso radica justamente la definición de lobby o asociación patronal (ver aquí). Va a resultar al final que para la ministra un lobby es una asociación parecida a una ONG o a un club de nudismo.
La perversión retórica del lenguaje político fue una de las constantes del PP en la pasada legislatura, en relación a temas tan delicados como la legitimidad de los resultados electorales o los atentados de Madrid. Es de esperar que el gobierno no tome el mismo camino y cumpla con la necesaria condición de todo sistema democrático: la obligación de informar sin manipulación retórica sobre una política económica independiente destinada a la sociedad civil y no a los intereses de unos pocos.
(fuente de la ilustración)